El bar La Esperanza recurre al juzgado para pedir que le devuelvan su local

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Redacción | @trianadigital


El edificio regionalista de la calle San Jacinto que hace esquina con Condes de Bustillo se convertirá en un hotel de cuatro estrellas, tal y como informamos hace poco más de un año. En este contexto, un auto judicial obligó al bar La Esperanza, alojado en dicho inmueble, a cerrar el pasado mes de noviembre, permitiendo entrar a la empresa propietaria del edificio en este local para acometer obras «urgentes» durante dos meses en el marco del proyecto hotelero promovido en los pisos superiores.

Por ello el bar ha solicitado por vía judicial la entrega del local en un plazo máximo de cinco días al no «cumplir» la empresa con sus obligaciones e incurrir supuestamente en «mala fe». Cabe recordar que el responsable del establecimiento denunció las obras de este edificio, sito en el número 89 de la calle San Jacinto, donde se enclava el bar.

En su denuncia inicial, el responsable del negocio hostelero, Jesús Noguera, representado por el abogado Germán Grima, de Ateneo Abogados, detallaba que cuenta con un contrato de arrendamiento «en vigor» y con vencimiento en marzo de 2023, con relación al número 89 de la calle San Jacinto.

Según Jesús Noguera, el pasado mes de enero de 2020 supo por los medios de comunicación que la propiedad del edificio regionalista donde se encuentra su establecimiento había acordado la instalación de un hotel de cuatro estrellas en las plantas primera y segunda del mismo. «Desde entonces», según su denuncia, las obras promovidas para adecuar las dos primeras plantas del inmueble para su uso como hotel no habían «parado de molestar» y se traducían en «ruidos, golpes, polvo o cascotes» caídos al patio interior de esta construcción, con los consiguientes efectos en materia de clientela.

«Quieren que abandone el inmueble», explicaba el dueño del negocio hostelero, detallando que los titulares del edificio le habían pedido que «abandone el local por un periodo de dos meses y medio» para permitir la continuidad de las obras del hotel.

MEDIDA CAUTELAR

Debido a las acciones judiciales promovidas por los dueños, el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Sevilla ordenaba el pasado mes de julio de 2020 al responsable del bar, como medida cautelar, «que permita la entrada a la propiedad en el local que tiene alquilado para la realización de las obras necesarias, durante un plazo máximo de dos meses», previa caución de 35.000 euros, al considerar acreditado que «el edificio presenta desperfectos y deficiencias que pueden comprometer la resistencia mecánica y su estabilidad, por lo que requiere obras de reparación, que en el propio informe presentado califica de urgencia».

Así pues, el Juzgado de Primera Instancia número 19 fijaba para el día 20 de noviembre del año pasado el comienzo de las obras antes mencionadas, ante lo cual el bar La Esperanza afrontaba dicha jornada su cierre obligatorio por un periodo de dos meses, situación que motivaba un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) sobre la plantilla.

PLAZO AGOTADO

Una vez transcurridos más de dos meses desde entonces, la representación del citado bar ha elevado un escrito al juzgado, avisando de que la empresa «no ha cumplido con lo exigido por el auto judicial» en cuestión sobre «la restitución de la posesión del local» a fecha de 5 de febrero, cuando inicialmente se acababa el plazo, pues el responsable del negocio hostelero «sigue sin poder disponer» del local.

La representación del bar señala en ese sentido que en el escrito entregado por la empresa propietaria del edificio al juzgado el día 3 de febrero, dos días antes de la citada fecha estipulada para la devolución del local, con un informe de la Gerencia de Urbanismo, media una «mala fe manifiesta de la propiedad», pues Doble G Inmuebles había solicitado a la Gerencia el 13 de enero, «23 días antes que terminara el plazo de entrega del local», sin mencionar la fecha de entrega del mismo fijada para el 5 de febrero, una reforma respecto a la licencia inicial de las obras.

Además, en la documentación entregada a la Gerencia de Urbanismo en dicha petición, según la representación del bar, «se aprecia cómo toda la obra en la cimentación es realizada con el fin de producir el cambio de fuerzas en la estructura del edificio y así poder consolidarla», pero para «poder montar la piscina en la cubierta», entre otros aspectos.

«MANIPULACIÓN TÉCNICA»

«La obra realizada ha sido producida con el fin de acusar un cambio de carga y resistencia en la estructura del edificio y así alcanzar el objetivo de construir un hotel, no siendo necesarias las obras efectuadas, tan invasivas y destructivas, para la consolidación del edificio, sino para la construcción del hotel pretendido con una piscina en la cubierta», resume la representación del responsable del bar, señalando una «presunta manipulación técnico jurídica» para presentar como «inevitable la obra para alcanzar el asiento y consolidación del edificio, siendo esto totalmente falso».

Por ello solicita la ejecución del auto de medidas cautelares emitido en julio, ordenando a Doble G Inmuebles «restablecer la posesión» del local al responsable del bar en un plazo de “cinco días hábiles” y transferirle además los 35.000 euros depositados como caución, para «destinar dicha cuantía a la ejecución de las obras en el referido local» como el hostelero vea «conveniente y así cumplir los requisitos establecidos por la Gerencia de Urbanismo».

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